Ayer, 29 de junio, se presentó una denuncia formal ante Inspección de Trabajo por parte de STEA-i por la situación actual de los colegios públicos de Zaragoza, obligados a permanecer abiertos administrativamente por la Diputación General de Aragón hasta el 10 de julio para tramitar las becas, a la vez que el ayuntamiento retiró el viernes 26 el servicio de limpieza de los centros que todavía la mantenían.
Un curso más la descoordinación entre el consistorio y la DGA vuelve a darse, pero en la presente ocasión con un agravante: la retirada de la limpieza cuando persiste la pandemia generada por el coronavirus implica privar a los centros de la higiene de los despachos, aseos y espacios comunes utilizados durante la apertura administrativa de los centros, poniendo en peligro la salud de docentes, PAS y visitantes ocasionales de los centros –familias, etc.-. La denuncia ante Inspección de Trabajo, y ante el Servicio Provincial, se funda en razones de prevención de riesgos laborales, y ha sido un paso previo para poner en manos de la jurisdicción social tan grave dejación de funciones en materia de prevención de riesgos laborales.