CONCENTRACIÓN PARA EXIGIR QUE EL GOBIERNO DE ARAGÓN CUMPLA LA LEY 20/2021

LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA BUSCA MINIMIZAR LAS PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN DE PERSONAL INTERINO, CONTRARIANDO EL ESPÍRITU DE LA LEY.

Varios centenares de personas se concentraron ayer, 6 de abril, en el edificio Pignatelli durante la reunión del Consejo de Gobierno de Aragón, convocadas por los sindicatos STEA-i, SOMOS-i, STEPA-i y CATA-i  que conforman el área de función pública de la Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores de Aragón (ISTA). La concentración conto con el apoyo de varias plataformas de personal interino.

Por parte del Gobierno de Aragón, con el apoyo de las centrales sindicales que suscribieron los tres “acuerdazos” (los dos del PP con el ministro  Montoro y el del PSOE con  el ministro Iceta), existe una clara intención política de burlar lo dispuesto en la Ley 20/2021, basta recordar las palabras del Director General de Función Pública, Esteba del Ruste, que en Cortes de Aragón manifestó su repugnancia a la estabilización a través del concurso.

La Ley 20/2021 mejoro la redacción inicial del “Icetazo”, aunque es una norma manifiestamente mejorable supone un avance sobre la situación anterior, en consecuencia no podemos dejar de exigir su aplicación a tenor literal y no bajo interpretaciones sesgadas políticamente. Además por encima de dicha norma se encuentran las directivas de la Unión Europea que van todavía más allá en la protección del personal interino contratado o nombrado en fraude de ley.

En el sector de la educación, desde STEA-i exigimos a la Diputación General de Aragón que además de las vacantes de estabilización conforme a la disposición adicional sexta de Ley 20/2021, se sumen las vacantes resultantes de la aplicación de la disposición adicional octava, lo que supone un fuerte incremento de las mismas, especialmente en educación un ámbito donde muchas plazas no son ocupadas por la misma persona curso tras curso.

Ayer quisimos dejar claro al gobierno de Aragón y a los cuatro partidos que lo sostienen,  que de no aplicarse la ley pleitearemos en los tribunales y nos movilizaremos con intensidad en la calle, a poco más de un año de las elecciones autonómicas.