DERECHO DE HUELGA: VOLVEMOS A 1908


En 1909 el ejercicio de la huelga dejó de ser considerada un delito en nuestro ordenamiento jurídico. En 2020, nos hemos encontrado con la publicación por el Departamento de Educación de unos servicios mínimos para la huelga convocada para mañana, 18 de septiembre, que en la práctica suponen boicotear el ejercicio de un derecho fundamental reconocido por la Constitución en su artículo 28.2.

A diferencia de otras huelgas anteriores en la educación, nos encontramos con la imposibilidad real de realizar huelga por parte del grueso de la plantilla que pasa a ser considerada “servicio mínimo”. Se exige la presencia de al menos un integrante del equipo directivo y de un docente por cada grupo. En los centros de menos tamaño hasta el 100 % de la plantilla pasa a ser considerada “servicio mínimo”.

La situación de pandemia que no ha impedido la apertura de los centros “en la nueva normalidad”, no puede servir de pretexto para llevar más allá de lo razonable los servicios mínimos, más cuando según el Departamento de Educación la situación actual permite tener los centros abiertos con enseñanza presencial. No podemos usar la COVID-19 como excusa para imponer unos servicios mínimos claramente abusivos, mientras en paralelo dicha pandemia no se tiene en cuenta para mantener los centros abiertos en localidades con fuerte transmisión comunitaria.

En términos prácticos la huelga ha sido prohibida, volvemos a 1908. Aunque las asambleas de nuestra afiliación decidieron no secundar la huelga mañana, por razones de índole táctica en relación al momento de su convocatoria y duración,  como STEA-i no podemos permanecer callados ante el atropello que suponen unos servicios mínimos llevados al máximo, que en la práctica impedirán ejercer el derecho de huelga a un gran número de trabajadoras y trabajadores. 

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