Igualdad y servicios sociales


Con gestión pública y empleo público.

Desde la Confederación Intersindical estamos llevando a cabo una campaña exigiendo que los servicios públicos, realmente sean públicos y que den respuesta a las necesidades reales de la población.

La pandemia ha evidenciado que los servicios públicos son imprescindibles para que la sociedad sobreviva. La sanidad, las ayudas sociales, la asistencia social, son servicios que no se deben privatizar. Esta pandemia nos ha demostrado que la privatización de los servicios lleva a la falta de medios, de atención adecuada, de personal necesario para dar respuesta a las demandas…; cuando de un servicio se quiere hacer un negocio, está claro que alguien sale perdiendo y nunca es el empresario o la empresaria.

Otro dato que ha revelado la pandemia es la precariedad de los servicios asistenciales en domicilios. La mayoría de estos trabajos son realizados por mujeres, con contratos precarios o sin contratos, que ante el confinamiento se vieron recluidas con las personas a las que atendían (sin contraprestación económica) o en la calle, sin opciones a ayudas.

Y también han aumentado las personas en situación de pobreza. Y una cosa está clara, y es que la pobreza tiene nombre de mujer. Según Amnistía Internacional, el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres, y una de cada cinco niñas en el mundo vive en condiciones de extrema pobreza. Otro dato significativo: “Aunque las mujeres realizan el 66% del trabajo en el mundo y producen el 50% de los alimentos, solo reciben el 10% de los ingresos y poseen el 1% de la propiedad”. 

Según la EAPN (European Anti Poverty Network), en España hay 5,27 millones de mujeres en riesgo de pobreza; el 19% de las mujeres están en desempleo; su tasa de actividad es un 22% inferior a la de los hombres; el 24% de las mujeres están ocupadas a tiempo parcial. La diferencia salarial entre hombres y mujeres es del 22,4%; y, como resultado de la brecha de género en las pensiones, la existente en la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social entre la población mayor es del 16,4%.

Por último, vamos a tratar el tema de la corresponsabilidad, para que las mujeres puedan acceder plenamente al mercado laboral, es necesario que los gobiernos asuman su obligación de establecer políticas que faciliten esta corresponsabilidad y no se excluya a las mujeres por ser quienes asumen los cuidados. El teletrabajo, de momento muy bien acogido, ha llegado para quedarse, pero este debe regularse con perspectiva feminista para que no sea una trampa para las mujeres.

En definitiva, desde la Confederación Intersindical exigimos a los Gobiernos, implementen medidas de apoyo a toda la población, pero en particular en las mujeres porque son las que están sufriendo más las consecuencias de esta crisis social, sanitaria y económica.

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