LA LEY CELAÁ MIMA LA RED PRIVADA CONCERTADA


Aunque resulte muy molesto a la derecha social, política y económica desde STEA-Intersindical recordamos una vez más que la red privada concertada es una anomalía española en las democracias occidentales, solamente Bélgica es comparable al caso español. La norma es que existan dos redes: la pública y una muy minoritaria red privada sin subvenciones.

También recordamos que la Constitución en su artículo 27 reconoce la libertad de enseñanza, pero no que el Estado tenga que financiar las iniciativas privadas. La red privada concertada no está protegida por la Constitución, sino por una Ley Orgánica, que puede ser modificada según las mayorías parlamentarias. La Constitución es de 1978, el origen de la concertada se sitúa en 1985, cuando ante el boom demográfico de los años setenta, el PSOE decide subvencionar masivamente la red dependiente de la iglesia a cambio de que se haga cargo de buena parte del alumnado como solución de compromiso mientras se extiende la red pública. Esa situación “transitoria” se ha eternizado hasta nuestros días.

LA  LOMLOE, LA RED PRIVADADA CONCERTADA  Y LA RELIGIÓN

A pesar de la polvareda levantada por la derecha el PSOE sigue cuidando a su creación, la red concertada, de hecho le ha venido muy bien a la ministra Celaá y a Unidas Podemos, para disimular que tan apenas tocan los privilegios de la red privada concertada. El principal “ataque” es que no podrán acceder a suelo público gratuito, pero tienen dinero para comprarlo.

La prohibición de cobrar cuotas a las familias por el servicio de la enseñanza, será muy fácilmente eludible enmascarando los cobros en otros servicios, por ejemplo con actividades extraescolares, etc.

Otro de los “ataques” es que dejarán de subvencionarse los centros que segregan por sexo, los mismos son una minoría insignificante del total.  

Por último, la nota de religión no contará en el expediente. La Ley Wert permitió aumentar la matrícula en religión, especialmente en bachillerato, al puntuar la religión y extenderse la estrategia de calificar con sobresalientes para favorecer atraer al alumnado.

Pero la parte del león, los 6.000 millones de euros públicos que se transfieren a la red concertada por curso, no se han tocado ni mucho ni poco, mientras en paralelo la pública pasa crecientes penurias.

Desde STEA-i tenemos claro que desde 1985 ha habido tiempo de eliminar los conciertos –de un modo progresivo y tomando en consideración la situación de sus empleados-  y seguimos reivindicando dos únicas redes: la pública y la privada sin subvenciones, lo habitual en las democracias de nuestro entorno.

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