
Apostar por estabilizar vacantes y no personas, conducirá a situaciones absurdas, injustas, forzando a movilizar profesorado entre comunidades o generando pérdidas de empleo, que podrían haberse evitado con una regulación más racional y humana.
El 10 de mayo a primera hora de la mañana, el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) publicó los baremos de las comunidades autónomas coordinadas con el MEFP y al final de la mañana lo retiró por existir errores en los baremos de algunas comunidades. Ese mismo día, al final de la tarde, lo volvió a publicar como “baremo definitivo”. Fue el último jalón de un cúmulo de despropósitos, pues lo “que mal empieza mal acaba”.
LA LEY Y EL REAL DECRETO:
La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (“Icetazo”) fue fruto de la movilización de algunos sindicatos, entre los mismos STEA-i, y plataformas de personal interino, sin esa presión hubiese sido imposible, pero Iceta y los sindicatos que firmaron con dicho ministro el acuerdo que daba continuidad a los dos acuerdos que firmaron previamente con Montoro (PP) no estaban por estabilizar personas, querían estabilizar vacantes. La Ley 20/2021 ha sido una componenda para simular que se ha dado traslado a la Directiva 1999/70, eludiendo el espíritu de dicha norma.
La principal virtud del “Icetazo” ha sido cerrar la boca a las organizaciones sindicales que venían diciendo que asentar por concurso sin oposición era ilegal e inconstitucional. Ahora, cuando el proceso del concurso extraordinario está muy avanzado, informan con naturalidad del mismo, disimulando sus posicionamientos anteriores. Por lo demás poco podemos decir a favor de la Ley 20/2021 y todavía menos del Real Decreto 270/2022 que da traslado de la misma al profesorado.
STEA-i interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo contra el R.D. 270/2022 centrado en varios asuntos, de los que destacamos dos: la limitación de la experiencia a 10 años y el no reconocimiento de las notas anteriores a 2012. El R.D. podría haber hecho una lectura más favorable para el profesorado en fraude de ley, pero nos encontramos con todo lo contrario. Además de acudir a los tribunales hemos convocado dos huelgas, la primera en solitario y la segunda con el apoyo de otro sindicato.
MALTRATO AL PROFESORADO ARAGONÉS:
En sus despropósitos sobre los “procesos de estabilización” la administración educativa aragonesa ha contado con la colaboración del grueso de sindicatos con presencia en la Mesa Sectorial de Educación. Las “oposiciones de estabilización” contaron con el visto bueno de todos los sindicatos salvo STEA-i, a pesar de las pocas vacantes ofertadas. Las vacantes al concurso de estabilización sin oposición aumentaron de 267 a 321 tras entrar a negociar las migajas varias organizaciones, a cambio de dar por buena esa miseria.
Además las maestras y maestros en Aragón vieron reducida la oferta a 4 vacantes de alemán. El resto de las 317 de las vacantes se han distribuido 117 especialidades de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial (EOI, conservatorios, escuelas de artes y diseño). En muchas especialidades solamente se ha ofertado una vacante.
Se ha dado un maltrato al profesorado aragonés con 15, 20 o 25 años de servicio –en especialidades donde nunca se han convocado oposiciones, incumpliendo la normativa, o se han realizado procesos de oposiciones escasas-. La raquítica oferta en Aragón hará que más de un millar de docentes, se marchen fuera en busca de trabajo, en otros casos, sobretodo en enseñanzas de Régimen Especial y algunas especialidades de FP, verán como profesorado de otras comunidades se lleva la única vacante ofertada. La alternativa para profesorado con cargas familiares de cuarenta y tantos o más de 50 años, o bien será irse lejos de sus hogares o engrasar las listas de desempleo.
Bajo la hipótesis de que las 321 vacantes ofertadas en Aragón las cubriera profesorado que viene trabajando en nuestra tierra, eso representaría el 4,8 % de las solicitudes ofertadas en nuestra comunidad. Además no es despreciable el número de vacantes que finalmente ira a manos de profesorado proveniente de otras comunidades, pues en general –salvo, Cataluña, Baleares, Canarias y Valencia- el grueso de territorios ha convocado muy poco. Aragón ostenta la triste marca, de ser la comunidad con peor ratio de solicitudes por vacante.
La administración no proporcionó la Relación de Puestos de Trabajo, con indicación del tiempo en que las vacantes estaban siendo ocupadas por profesorado interino, a las organizaciones sindicales, por ello la negociación se convirtió en un “acto de fe” y se cerró en una semana –una mesa técnica y otra sectorial-, cuando a modo de ejemplo en Cantabria el proceso requirió 18 mesas y varios meses de negociación.
Más sangrante resulta observar como en otros ámbitos –como la Universidad de Zaragoza, donde nuestro sindicato hermano, SOMOS-i, es la primera fuerza sindical, en multitud de ayuntamientos, etc. se ha logrado sacarle a la Ley 20/2021 mucho mayor partido, dentro de sus limitaciones.
ÚLTIMA HORA:
La superposición en fechas de las oposiciones y las adjudicaciones provisionales y/o definitivas del concurso extraordinario, están generando mucha inquietud entre quienes están preparando la oposición.
Actualizamos la noticia publicada ayer, 25 de mayo, indicando que nuestra consejería comunicó ayer a los sindicatos -tras la publicación de la noticia- que las personas seleccionadas en el concurso extraordinario de méritos entienden que pueden realizar las oposiciones.
Nos alegra dicha aclaración, pero a la vez nos preocupa la perdida de vacantes del concurso de méritos –son muy pocas-, ya que en caso de renuncias a la adjudicación definitiva, dichas vacantes irán a futuras oposiciones al no correr la lista hacia abajo tras la adjudicación definitiva –sí corre con las renuncias a la provisional-. Otro despropósito a sumar a los ya denunciados.
Visto en perspectiva, la regulación y organización del proceso del concurso extraordinario ha sido todo un despropósito.