MÁS MOVILIZACIONES POR LA FIJEZA: CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL TJUE DEL 19 DE MARZO DE 2020


UN AÑO DESPUÉS DE LA SENTENCIA DEL 19 DE MARZO DE 2020 DEL TJUE EL PODER LEGISLATIVO SIGUE SIN HACER LOS DEBERES Y NUESTROS TRIBUNALES MIRAN PARA OTRO LADO.

El Estado español es uno de los más incumplidores con la UE a la hora de trasponer a su ordenamiento interno las Directivas de la UE. En los últimos días España ha sido multada con 15 millones de euros por no trasponer una directiva referida a la protección de datos, a lo que se suman 89.000 euros diarios hasta que se cumpla con lo dispuesto en la directiva.

En materia de empleo temporal viene ocurriendo lo mismo con la Directiva 1999/70/CE que es sistemáticamente incumplida por la administración central, las autonómicas y locales. Por ello el 19 de marzo de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia contra el Estado español exigiéndole que amolde la legislación interna a la Directiva, que tiene por objetivo favorecer la contratación fija y castigará el abuso en la temporalidad. España, en su día, solamente adapto el Estatuto de los Trabajadores –de aplicación en la empresa privada y al personal laboral de la administración- estableciendo la fijeza de los contratos cuando superasen los tres años de vigencia, incluidas las concatenaciones de contratos, es decir, cuando entre el cese y la nueva contratación no hubiese más de 15 días, e indemnizaciones en caso de despido-, pero no modificó el Estatuto Básico del Empleado Público.

La sentencia no consideró la convocatoria de oposiciones masivas –acordadas por CSIF, CC.OO., UGT y el gobierno del PP- un castigo al empleador que realizó contratos temporales en vacantes estructurales que deberían haber sido ocupadas por personal fijo.

Los magistrados del TJUE contemplan dichas oposiciones masivas como un castigo al personal interino, que ve peligrar su continuidad en el empleo tras subir las tasas de interinidad en exceso por una mala praxis de las administraciones que han abusado de dicha figura contractual introduciendo la precariedad en el sector público.

El TJUE requirió una solución al poder legislativo español acorde a las exigencias de una directiva de 1999, una directiva del siglo pasado que ha sido sistemáticamente desobedecida en el sector público. La UE condiciona la llegada de los fondos COVID-19 a la adaptación de la legislación española a la comunitaria, ello también en materia de interinidades.

En ese contexto se están dando diferentes iniciativas parlamentarias, de las que ya os informamos con anterioridad, a la que sumamos la Propuesta de Ley del Senado recogida entre la página 7 y 9 del Boletín de las Cortes Generales del 25 de Febrero (se adjunta archivo PDF). En dicha propuesta de ley se proponen tres mecanismos para asentar al personal interino de larga duración en el empleo.

Por su parte el nuevo ministro de política territorial y administraciones públicas, Miquel Iceta, ha declarado recientemente “es cuestión de meses” buscar una solución (adjuntamos archivo PDF con la nota de prensa del ministerio).

Finalmente, desde la Confederación de STEs-Intersindical el nueve de marzo se hizo público un comunicado urgiendo a buscar una solución para asentar en el empleo al profesorado interino (170.000 en el conjunto de comunidades autónomas). Adjuntamos archivo PDF con el comunicado.

Con motivo de la conmemoración del primer aniversario de la sentencia el viernes 19 de marzo entre las 11 y las 12 horas se realizara una concentración de representantes de trabajadoras y trabajadores del sector público –y de quienes os podáis sumar, según vuestro turno de trabajo- ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (adjuntamos cartel de la convocatoria), sito en el Coso 1 de Zaragoza.

El objetivo es protestar por la falta de sintonía entre los tribunales españoles –de perfil en general muy conservador- y la jurisprudencia emanada del TJUE. A modo de ejemplo, el TSJA en el mejor de los casos está reconociendo indemnizaciones al personal interino, caso de un compañero docente que logro a través de nuestra asesoría jurídica el reconocimiento de 33 días de indemnización por curso trabajado, aunque dicha sentencia ha sido recurrida por la DGA en casación al Tribunal Supremo y por ello no es firme.

Ayer, domingo día 14 de marzo, se realizaran caravanas de vehículos en 30 capitales de provincia –incluidas Huesca y Zaragoza-, donde al ser fin de semana fue más fácil poder participar. Adjuntamos fotografías de las caravanas en la capital altoaragonesa y en Zaragoza.

Las movilizaciones convocadas por diferentes plataformas están yendo a más, lo que unido a la presión de la UE, hará inevitable que poder legislativo y judicial dejen de practicar la política del avestruz. España, para lo bueno y lo malo, es un estado miembro de la UE, lo que implica cumplir con su normativa también en materia de protección de las trabajadoras y trabajadores del sector público.

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