La enseñanza semipresencial ha sido un parche de la consejería de educación para, sin incrementar la inversión cumplir con las condiciones impuestas por Salud Pública. Desde el primer día de curso la enseñanza de todo el alumnado podría haber sido presencial contratando más profesorado –unos 3.000 – y habilitando los espacios necesarios, algo que no se hizo. Hoy se ha dado a conocer una orden – la adjuntamos en archivo PDF- que permitirá amontonar de nuevo al alumnado de todos los cursos en los institutos.
Observando la orden, de 10 páginas, las cuestiones relativas a la organización de la enseñanza totalmente presencial se la ventilan en medio folio, descargando en los equipos directivos la responsabilidad de imaginar un plan imposible para compaginar suficiente seguridad y presencialidad total. Sin más espacios y profesorado, los centros están abocados al amontonamiento del alumnado. Varios claustros y equipos directivos ya se han manifestado en contra de la vuelta a la presencialidad total sin las debidas garantías de seguridad, el goteo de quejas de claustros y equipos directivos es constante y va en aumento.
La semipresencialidad no ha convencido al grueso de las familias, lo que ha sido aprovechado por algunas federaciones de las mismas para presionar a la consejería, de un modo muy miope exigiendo la vuelta de la totalidad del alumnado al margen de la seguridad de sus hijas e hijos, del profesorado y PAS.
Esta modalidad de enseñanza ha multiplicado por dos el trabajo del profesorado implicado en la misma, pasar a la presencialidad implicará un alivio en la carga laboral, pero desde el punto de vista de la seguridad, con el previsible repunte de la transmisión comunitaria del coronavirus tras las fiestas, es muy previsible que ocurra lo que ya se ha dado en un instituto de Zaragoza antes de Navidad, con todos sus grupos de segundo de bachillerato confinados así como un tercio de su claustro.
Desde STEA-Intersindical volvemos a reiterarnos en la necesidad de que familias –la directiva de la principal federación le hace continuamente el caldo gordo a la administración- y profesorado unamos fuerzas y hagamos un frente común para exigir más inversión en la enseñanza y en seguridad –más profesorado, más espacios, dotar de medidores de CO2, mascarillas de calidad suficiente para ser consideradas EPIs, etc.- para volver con seguridad a la presencialidad total. Sin más recursos se incrementará el riesgo sanitario en los centros, para alumnado y trabajadores –en especial para los especialmente sensibles a la COVID-19-, así como para los familiares vulnerables convivientes. ¿Quién se hará responsable de esa situación?