RECORTAN


La troika – Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional- vuelve al ataque sin dar tregua al gobierno de Pedro Sánchez y exigiendo nuevos “ajustes” por 9.600 millones de euros, que conllevarán recortes en la administración central, autonómica y local. Si en su día el PP optó por manipular el lenguaje y llamó “ajustes” a los recortes, ahora quienes nos gobiernan lejos de revertir los recortes de Rajoy y Rudi, siguen recortando aunque de un modo disimulado. El motivo: hacer frente a los pagos de la deuda generada por el rescate bancario con fondos públicos. Recordamos que con Zapatero aún en el gobierno, la deuda pública representaba alrededor del 70 % del PIB al final de su mandato; con Rajoy superó el 100 % en 2015. La ciudadanía “avalamos” la deuda. ¿Alguien nos consultó antes de asignarnos dicho rol? La retirada de 2.500 millones de euros, provenientes del IVA, por parte de Hacienda a las comunidades autónomas y corporaciones locales arguyendo tecnicismos burocráticos, es el primer capítulo de una serie de recortes que ya sentimos en la educación pública. Esos 2.500 millones tienen un destino preferente pero disimulado: hacer frente a los pagos de la deuda, principalmente a bancos alemanes, franceses, estadounidenses y chinos. En este contexto, la Diputación General de Aragón tiene que apretar el cinturón en todas sus consejerías y en especial en las dos que consumen el grueso del presupuesto: sanidad y educación.

NOS RECORTAN (pero con disimulo):

Estamos observando que, cada vez con más frecuencia, no se cubren las bajas por incapacidad temporal hasta los 30 días; que se reducen las partidas para los gastos corrientes de los centros –en algunos todavía no se ha hecho el libramiento de 2019-; que no se contrata profesorado interino para realizar desdobles a pesar de haberse dado luz verde desde inspección educativa; que en el inicio de curso se retrasa la contratación de personal sanitario y de auxiliares de educación especial, no se invierte tan apenas en mantenimiento de los centros o se niegan los sexenios de oficio al funcionariado interino y en prácticas, obligándoles a acudir a los tribunales. Sin embargo, en paralelo se han creado infraestructuras educativas como: el Observatorio de la Escuela Rural en Aragón, el Centro de Evaluación, Formación y Calidad de Aragón (CEFyCA) o el Centro Aragonés de Lenguas Extranjeras para la Educación (CARLEE) para expedir títulos de idiomas a docentes al margen de las EOI. Se extiende el modelo de los Centros Integrados de primaria y secundaria –sin existir ni una demanda social clara, ni haberse regulado su funcionamiento- aun haciendo uso de barracones que se eternizan en el tiempo o eliminando las jefaturas de departamento según sean de nueva creación o un colegio transformado. Por otro lado, se “innova” a golpe de decretos y órdenes sin un objetivo claro -lo importante no es el contenido de las innovaciones, sino las ruedas de prensa ligadas a las mismas-. Se extiende un bilingüismo que pretende ser universal a costa de bajar su calidad y los contenidos asimilados por el alumnado. Asistimos a un creciente número de asesores en consejería y servicios provinciales, muchas veces ocupando puestos de difícil justificación por razones objetivas, salvo para dar cabida a una creciente clientela política ligada a un gobierno de coalición de cuatro partidos. En resumen, mientras la situación real en los centros se deteriora, se anuncian “proyectos estrella” mal dotados y generan infraestructuras que consumen recursos simplemente vendiendo humo ante la galería, a la par que se nos dice “no hay dinero” para reducir la jornada a los mayores de 55 años o para arreglar las techumbres y evitar las goteras. Ya hay quien se ha atrevido a verbalizar una cantidad concreta de recortes en la consejería de educación: 5 millones de euros. RECORTES SOBRE RECORTES: A pesar de algunas mejoras conseguidas en la anterior legislatura, lo cierto es que buena parte de los recortes del PP continúan en pie justo cuando nos someten a una nueva andanada de tijeretazos. Prueba irrefutable de lo dicho es la no recuperación de las 18 horas en EE.MM. o las escasas plantillas en los centros, que generan tremendos problemas de gestión ante cualquier baja médica u otro tipo de contratiempos. Un ejemplo claro de la falta de voluntad política de revertir la totalidad de los recortes es que para la elaboración de las plantillas de los centros siguen vigentes los criterios elaborados por el equipo de Dolores Serrat, anterior consejera del PP. Tampoco podemos olvidarnos de la pérdida de poder adquisitivo. Cifrada en un 14 % desde el comienzo de la crisis, con el acuerdo firmado por el PP y las direcciones de tres sindicatos en el mejor de los casos –de cumplirse determinadas variables macroeconómicas recogidas en el acuerdo- recuperaremos un 7,8 % con lo que ya se da por perdido el 6,2 %. También se carece de impulso político en otros temas, que no requieren incremento de gasto. Desde el triunfo de la moción de censura contra Rajoy ha habido suficiente tiempo para cambiar el sistema de acceso a la función pública docente, bastaba con un cambio reglamentario aprobado en el Consejo de Ministros para echar abajo el decreto del PP; reformar los aspectos más lesivos de los dos “acuerdazos” (29/03/2017 y 09/03/2018) que olvidaron los intereses del personal interino; abordar cuestiones como la no caducidad de notas obtenidas en las oposiciones; no exigir el año de prácticas a quienes acreditasen una experiencia de dos cursos –como ocurría en el pasado- u otras mejoras a coste cero. ¿Cuántos sapos tragarán los partidos que conforman los “gobiernos progresistas” en la Moncloa y en el Pignatelli para cumplir con la troika? Tendremos que salir contra los recortes y queremos pensar que no seremos los únicos.

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