29/9/2020. Esta sentencia supone un hito en el reconocimiento de los derechos del personal interino de las administraciones públicas, estableciendo una verdadera sanción contra el abuso de la contratación en fraude de ley.
Desde STEA-Intersindical hacemos público que un compañero de la provincia de Zaragoza a través de nuestra Asesoría Jurídica ganó en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón un pleito contra su cese a la Diputación General de Aragón (DGA), por el que dicho Tribunal reconoce su derecho al cobro de una indemnización de 33 días por año de trabajo sin límite de anualidades. Hacemos pública la información sobre dicha sentencia tras haber recurrido en casación la DGA la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ante Tribunal Supremo.
Para ello, el TSJA se fundamenta en la prohibición del abuso de temporalidad, situación en la que se encuentra buena parte del profesorado interino aragonés, y una práctica generalizada en el conjunto de las administraciones públicas.
Tras el recurso en casación ante el Supremo los responsables políticos de la DGA pretenden frenar lo que de generalizarse sería una tremenda sangría para las arcas públicas, dado que podemos hablar de indemnizaciones que pueden superar los 50.000 euros en funcionariado interino de larga duración. A pesar de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto al incumplimiento de la Directiva 1999/70/CE por parte de las administraciones públicas españolas, en la práctica la situación no ha mejorado.
La única respuesta habida hasta la fecha, contando con la connivencia de las cúpulas dirigentes de CC.OO., UGT y CSIF, han sido las firmas de dos “acuerdazos” (de 29/03/2017 y 09/03/2018) rubricados por esos tres sindicatos y el entonces ministro Cristóbal Montoro –en un momento en que los casos de corrupción acorralaban al PP y convenía escenificar diálogo social-. Dichos acuerdos, eufemísticamente denominados de “mejora del empleo” –por no decir de despidos masivos- han sido ratificados por el gobierno actual, y se han reproducido con los mismos actores en el resto de las administraciones públicas, tanto autonómicas como locales.
Los “acuerdazos” en nada defienden al personal interino de las administraciones locales, autonómicas y central, se limitan a impulsar sacar a oposición el grueso de plazas ocupadas por personal interino, para evitar pagar indemnizaciones millonarias en caso de reclamaciones. Desde nuestra organización llevamos tiempo exigiendo asentar a las personas que vienen trabajando desde hace años en “fraude de ley” y no estabilizar empleo sin más.
Los tres sindicatos de la Intersindical de Trabajadoras/es de Aragón (ISTA) con secciones sindicales en el ámbito público estamos apostando por asentar en el empleo al personal interino, por ello en la enseñanza no universitaria (STEA-i), en la universitaria (SOMOS-i) y en la administración general, local y sanidad (STEPA-i) estamos desarrollando campañas sindicales en dicho sentido, es de justicia.
Desde ISTA exigimos sustituir los “acuerdazos” por un marco regulatorio que acabe con la actual precariedad del personal interino y que no persista en el abuso de contratación temporal y para ello impulsamos una regulación legislativa acorde con la Directiva 1999/70/CE a través de la negociación, que facilite la verdadera consolidación de las trabajadoras y trabajadores públicos en fraude de ley causado exclusivamente por los incumplimientos legales de las administraciones públicas.
Desde STEA-i, SOMOS-i y STEPA-i os animamos a contactar con nuestras secciones sindicales sectoriales, a quiénes ocupéis plazas en fraude de ley para informaros en detalle de las posibilidades de recurrir los ceses y exigir además una indemnización. Adjuntamos archivo PDF del comunicado para facilitar su impresión.