2021: UNA SUBIDA DEL O,9 % FRENTE A UNA INFLACIÓN DEL 5,3 %
A finales de año, y tras la publicación de la inflación oficial–de noviembre a noviembre-, es momento de hacer balance sobre la pérdida de poder adquisitivo en un año con la inflación desbordada, el 5,3 %.
El incremento del valor de la energía explica dicho aumento, tanto por su acción directa como indirecta –aumento de los costes de transporte e industriales -. Energía, alimentos y fletes marítimos dan cuenta del grueso de la inflación.
El presente año el personal al servicio de las administraciones públicas ha tenido un incremento salarial de 0,9 % frente a un IPC del 5,3 %, es decir, que en realidad ha sufrido una pérdida del 4,4 %. Para el próximo año el gobierno central ha establecido un incremento del 2 %, al margen de la inflación que pueda haber, es claramente insuficiente para compensar la pérdida sufrida el presente año.
Para STEA-i la propuesta de incremento salarial del 2 % resulta poco más que ofensiva para el conjunto de las trabajadoras y trabajadores públicos. Un colectivo que viene acumulando pérdidas de poder adquisitivo año tras año y que, a final de 2021, se sitúa en el 11,1 % desde 2010.
Unos datos que ponen en evidencia, en primer lugar, el fracaso de los acuerdos retributivos firmados por CC.OO., CSIF y UGT con el gobierno y en segundo lugar, la necesidad de compensar esta pérdida de poder adquisitivo con incrementos salariales y medidas correctoras de las desviaciones sobre las previsiones del IPC.
Es por ello que, desde STEA-i planteamos que, es necesario recuperar el poder adquisitivo perdido por el profesorado aragonés, con subidas asociadas a la inflación real -no a la prevista-, y con incrementos adicionales que permitan recuperar a su vez el 11,1 % perdido, estableciendo un calendario de recuperación –e incremento en su caso- del poder adquisitivo perdido. Implica hacer una apuesta clara por restablecer los derechos laborales comenzando por permitir llegar a fin de mes sin problemas y dignificar el empleo público.
Lejos de esto, observamos como nuestra administración, desvía los fondos públicos a “innovaciones” difícilmente entendibles cuando los libramientos a los centros para los gastos ordinarios se retrasan o ni se realizan. Otro ejemplo son los 27 millones de euros presupuestados para implementar la “certificación digital” entre el profesorado aragonés.
Disminuir las ratios, pagar dignamente al profesorado y reducir su carga lectiva, tendrían mejores efectos en la “innovación” que dilapidar el dinero público en programas pensados para la galería, para vender humo a las familias aragonesas.
Adjuntamos el presente comunicado en archivo PDF.